Empresas distribuidoras de vehículos pesados pidieron suspender una licitación del Gobierno para la compra de 100 camiones compactadores de basura valorados en 750 millones de pesos, al considerar que las condiciones del proceso limitan la competencia.
Los concesionarios sostienen que varios requisitos incluidos en el pliego de condiciones del Ministerio Administrativo de la Presidencia resultan "restrictivos y discriminatorios", lo que, a su juicio, podría favorecer a un único proveedor.
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Ante esta situación, solicitaron al ministro Andrés Bautista revisar las bases del concurso y realizar modificaciones que permitan una participación más amplia de empresas del sector.
Requisitos que generan cuestionamientos
Uno de los puntos más criticados es la exigencia de que el suplidor disponga de inmediato de 70 camiones compactadores y entregue los 30 restantes en un plazo máximo de cinco días.
Además, los vehículos deben estar previamente registrados y con placas, una condición que, según los distribuidores, es difícil de cumplir debido al tiempo que requiere la importación y el proceso de documentación.
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También consideran excesivas otras especificaciones técnicas relacionadas con la autonomía del combustible, la longitud y dimensiones del chasis, así como la obligación de contar con todo el inventario disponible en almacenes al momento de participar.
De acuerdo con los concesionarios, estas condiciones reducen significativamente el número de empresas que podrían competir en el proceso de compra pública.
Propuestas para modificar el proceso
Las compañías plantearon varias recomendaciones para ajustar las especificaciones técnicas y facilitar la participación de más suplidores.
Entre las sugerencias figuran establecer una transmisión de ocho velocidades más reversa, permitir tanques de combustible desde 160 litros en lugar de exigir un mínimo de 170 y optar por un sistema electrónico para el mecanismo de compactación en lugar de uno manual.
Asimismo, proponen ampliar la capacidad de carga de los compactadores de 10 a 13 yardas cúbicas, en vez del rango actual de 10 a 12, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la recolección y descarga de residuos.
Las empresas advierten que, si no se revisan estas condiciones, muchos proveedores quedarían fuera del proceso, lo que limitaría la competencia y las opciones para el Estado.
Las firmas que solicitaron formalmente la suspensión del concurso son Viamar, Bonanza Dominicana, Peravia Motors, Equimax, Importadora Cordero y MTE Group, las cuales enviaron comunicaciones al Gobierno con sus observaciones.