Estados Unidos flexibilizó parte de sus sanciones contra Venezuela para permitir que el Gobierno de ese país pague a los abogados que defienden a Nicolás Maduro y Cilia Flores en el proceso por narcotráfico que enfrentan en Nueva York.
La medida, formalizada mediante licencias modificadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), habilita los pagos bajo condiciones específicas, lo que marca un cambio en la postura previa de Washington frente al caso.
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Licencias con condiciones y giro en la estrategia
El documento judicial establece que los honorarios podrán cubrirse con fondos disponibles del Gobierno venezolano posteriores al 5 de marzo de 2026 y que no provengan de cuentas restringidas como depósitos de gobiernos extranjeros.
Hasta ahora, las autoridades estadounidenses habían bloqueado ese acceso alegando razones de seguridad nacional, lo que generó tensiones legales dentro del proceso.
El cambio ocurre luego de cuestionamientos en el tribunal federal de Nueva York, donde el juez Alvin Hellerstein había puesto en duda la justificación de impedir el financiamiento de la defensa, especialmente tras la detención de ambos acusados.
Debate por el derecho a defensa
La defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, argumentó que la restricción violaba la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza el derecho a elegir representación legal.
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Ese planteamiento incluso llevó a solicitar la desestimación del caso, al considerar que sin recursos para pagar abogados privados no se podía garantizar un juicio justo.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron detenidos en enero de 2026 y trasladados a una prisión federal en Brooklyn. Ambos se han declarado no culpables de cargos que incluyen conspiración para narcoterrorismo e importación de cocaína.
Se prevé que el juicio formal se prolongue y no inicie hasta dentro de uno o dos años, en un proceso que combina tensiones legales y decisiones políticas.