El Gobierno aseguró que no existe ningún plan para explotar recursos mineros en la cordillera Septentrional y afirmó que las actividades en curso se limitan únicamente a estudios preliminares sin fines extractivos.
La aclaración la hizo el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, durante un encuentro con comunitarios en la Arquidiócesis de Santiago, donde insistió en que no hay decisiones oficiales orientadas a desarrollar minería en esa zona.
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Exploración sin permisos de explotación
El funcionario explicó que las concesiones vigentes solo autorizan trabajos de exploración, como análisis geológicos y levantamientos técnicos, sin permitir extracción de minerales ni aprovechamiento comercial.
También precisó que no existen contratos de explotación activos, ni solicitudes en trámite para avanzar hacia esa fase, lo que descarta cualquier actividad minera en desarrollo.
Según indicó, estas autorizaciones fueron otorgadas conforme a la legislación vigente, incluyendo la Ley Minera 146-71 y la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, como parte de procesos administrativos iniciados antes de agosto de 2024.
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Proceso legal exige nuevas evaluaciones
Santos señaló que, en caso de plantearse una eventual explotación, sería necesario iniciar un proceso completamente nuevo que incluya evaluaciones técnicas, estudios ambientales y la aprobación final del presidente de la República.
Advirtió además que cancelar concesiones ya otorgadas podría generar conflictos legales contra el Estado, por lo que cualquier decisión debe ajustarse al marco jurídico.
Diálogo con comunidades y revisión de solicitudes
Durante la reunión, encabezada junto al sacerdote Ramón Ramos (padre Nino), el ministro recibió un documento del Movimiento Unidos Somos Más con inquietudes de los comunitarios.
Aseguró que las preocupaciones serán analizadas dentro de los límites que establece la ley y reiteró la disposición del Gobierno de mantener un diálogo abierto para evitar desinformación.
En el encuentro participaron además autoridades como el director de Minería, Rolando Muñoz, y representantes de instituciones locales vinculadas a servicios y gestión social.