El presidente Luis Abinader concedió una pensión mensual de RD$90,000 a Wanda Altagracia García Rondón de Pimentel, exdirectora del Acuario Nacional, quien había sido destituida luego de revelarse denuncias de nepotismo y presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
La decisión quedó establecida en el decreto 45-26, firmado el 27 de enero, más de dos años después de que la funcionaria saliera de la institución. García había sido suspendida de sus funciones en noviembre de 2023 y posteriormente removida del cargo mediante el decreto 20-24, emitido en enero de 2024.
Las acusaciones que motivaron su salida se conocieron tras una investigación periodística de N Investiga, que expuso presuntos conflictos de interés y manejo cuestionado de fondos dentro del organismo estatal.
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Nepotismo y contratos bajo investigación
El reportaje reveló que la entonces directora designó como asesor tecnológico del Acuario Nacional a su yerno, Vladimir Stalin Lugo Reyes. Posteriormente, este fue vinculado a una empresa que resultó beneficiada con contratos dentro de la misma entidad pública.
Entre los hallazgos también se mencionan pagos irregulares, incluyendo la entrega de tickets de combustible por un monto de RD$499,100 a Lugo Reyes, incluso después de haber dejado su posición dentro de la institución.
Asimismo, la investigación señaló asignaciones de combustible a dos conserjes por RD$160,500 y RD$113,500, pese a que ninguno de ellos tenía vehículos registrados.
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Contratos cuestionados y advertencias previas
El informe periodístico también identificó procesos de contratación otorgados a empresas sin experiencia en los servicios requeridos. Uno de los casos citados corresponde a una licitación por RD$1,033,680 concedida a una compañía vinculada al entorno del exasesor tecnológico.
Otro contrato, por RD$997,500, contemplaba la adquisición de 742 especies marinas -incluidos tiburones- a una empresa registrada como food truck, la cual finalmente no ejecutó el trabajo. Además, se documentaron servicios de mantenimiento realizados por terceros a un costo menor al adjudicado originalmente.
Las alertas sobre posibles casos de nepotismo dentro de la institución ya habían sido señaladas desde 2022 por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que confirmó la existencia de vínculos familiares en la estructura del organismo.
Tras la publicación de la investigación periodística, el Poder Ejecutivo dispuso una revisión administrativa del caso, a cargo de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) junto con la Digeig.