La Cámara de Diputados se prepara para conocer dos contratos de financiamiento que suman hasta 600 millones de dólares, destinados a proyectos de acción climática y mejoras en agua potable y saneamiento en La Altagracia.
El primer acuerdo, por US$200 millones, fue firmado el 11 de julio de 2025 con la Corporación Andina de Fomento para respaldar políticas relacionadas con el cambio climático. A este se suma un segundo préstamo por hasta US$400 millones suscrito el 19 de febrero de 2026 con el Banco Interamericano de Desarrollo, enfocado en un programa integral de agua potable y saneamiento en la zona de Punta Cana-Bávaro.
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Críticas al endeudamiento público
En medio del debate, el diputado Tobías Crespo cuestionó la necesidad de continuar recurriendo a préstamos, al considerar que estos no se traducen en soluciones tangibles para la población.
El legislador señaló que el presupuesto nacional ya contempla un fondo de emergencia equivalente al 1.5 % del PIB, que podría utilizarse para enfrentar situaciones como los efectos de fenómenos climáticos.
Crespo también criticó el destino de los recursos, alegando que se orientan principalmente a gasto corriente y no a inversiones que generen impacto directo en la calidad de vida.
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Proyectos en discusión y contexto
Los financiamientos están orientados a iniciativas clave en materia ambiental y de servicios básicos, especialmente en una de las zonas turísticas más importantes del país.
Sin embargo, el análisis se produce en medio de cuestionamientos sobre la gestión del endeudamiento y la eficiencia del gasto público, en un contexto donde distintos sectores reclaman mayor transparencia y resultados concretos.
Las declaraciones del diputado se dieron durante la ExpoSostenible 2026, un espacio que reúne a actores públicos y privados para discutir soluciones frente a desafíos ambientales, económicos y sociales.