El presidente Luis Abinader reforzó este miércoles su discurso de institucionalidad al sellar un acuerdo con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), en un momento marcado por debates sobre reformas, transparencia y confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Durante el acto, el mandatario defendió la participación activa de la sociedad civil y aseguró que su gobierno no considera las críticas ciudadanas como un obstáculo para gobernar.
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"Este gobierno cree profundamente en el valor de una sociedad civil activa, crítica y comprometida", afirmó Abinader al presentar el convenio junto a representantes de FINJUS.
El acuerdo busca impulsar iniciativas relacionadas con fortalecimiento democrático, desarrollo institucional y modernización jurídica del país.
La alianza apunta al corazón de las reformas
Abinader sostuvo que la República Dominicana necesita responder al clima de desconfianza que afecta a muchas democracias fortaleciendo sus instituciones y ampliando los espacios de diálogo.
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Según explicó, el convenio permitirá incorporar asesoría técnica y jurídica desde la sociedad civil hacia el Poder Ejecutivo, en medio de los procesos de actualización del marco legal dominicano.
El jefe de Estado definió el pacto como una "alianza madura y necesaria" entre el Gobierno y sectores independientes, insistiendo en que gobernar implica escuchar y abrir canales de participación.
FINJUS reivindica su peso en las reformas del país
El presidente de FINJUS, Rafael del Toro Gómez, aseguró que la entidad asume el acuerdo como parte de su compromiso histórico con la democracia y la institucionalidad.
Recordó que la organización ha participado desde 1990 en reformas vinculadas a independencia judicial, acceso a la información pública, seguridad ciudadana, defensa pública y combate a la corrupción.
Del Toro Gómez afirmó que el convenio con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo fortalece la continuidad de los cambios institucionales promovidos por FINJUS durante las últimas décadas.
La firma del acuerdo ocurre mientras el Gobierno intenta consolidar una agenda centrada en transparencia y modernización estatal, temas que siguen bajo presión del debate público y político.