El Gobierno terminó promulgando una nueva legislación para saldar deudas con empresarios y constructores que ejecutaron obras para el Estado, incluso en casos donde no existían contratos formalizados, después de que una primera versión fuera señalada por inconstitucional.
La medida quedó oficializada mediante la Ley 16-26, promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado 1 de mayo, tras varios meses de debates y correcciones dentro del Congreso Nacional.
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La controversia comenzó luego de que el Poder Legislativo aprobara inicialmente un proyecto impulsado por el senador Franklin Romero, enviado al Poder Ejecutivo el 1 de diciembre para su promulgación.
Sin embargo, Abinader devolvió la pieza el 16 de enero al detectar múltiples irregularidades jurídicas y constitucionales en el contenido de la propuesta.
Las fallas que frenaron la primera ley
Entre las observaciones realizadas por el mandatario figuraba la ausencia de un monto específico sobre las deudas a pagar y la falta de una fecha límite que permitiera determinar qué casos serían cubiertos por la legislación.
También cuestionó que el proyecto no contemplara mecanismos claros para verificar la legitimidad de los montos reclamados por contratistas y suplidores del Estado.
Tras recibir las observaciones presidenciales, la Cámara de Diputados envió la pieza a comisión para estudiar las modificaciones sugeridas.
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El Congreso optó por rehacer el proyecto
Meses después, los legisladores decidieron abandonar la iniciativa original y redactar una nueva propuesta legal para corregir las inconstitucionalidades detectadas por el Poder Ejecutivo.
La nueva versión finalmente obtuvo el visto bueno presidencial y fue convertida en la Ley 16-26, abriendo paso al pago de compromisos pendientes con empresarios y constructores vinculados a obras públicas ejecutadas anteriormente.
El tema ha generado debate por las implicaciones legales y administrativas de autorizar desembolsos relacionados con proyectos realizados sin contratos formalmente registrados.