La Cámara de Diputados dio luz verde en segunda lectura a un proyecto que autoriza al Estado a saldar deudas con contratistas, incluso en casos donde no existan contratos formales. La iniciativa también crea una comisión para revisar y validar esas reclamaciones.
La aprobación se produjo en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición, que advierte riesgos legales y financieros en la aplicación de la normativa.
Oposición denuncia falta de transparencia
El diputado José David Báez, vocero de la Fuerza del Pueblo, calificó la pieza como un "cheque en blanco" que podría legitimar prácticas fuera del marco de la Ley 340-06 sobre contrataciones públicas.
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Según planteó, el proyecto permitiría validar compromisos asumidos sin respaldo legal, lo que, a su juicio, vulnera principios constitucionales y abre espacio a irregularidades en el manejo de fondos públicos.
En la misma línea, Danilo Díaz advirtió que decisiones de este tipo afectan la credibilidad del Congreso Nacional. También criticó la rapidez con que se conoció la propuesta, alegando que no se dio tiempo suficiente para su análisis detallado.
Oficialismo defiende la iniciativa
Desde el oficialismo, Amado Díaz sostuvo que los compromisos incluidos en el proyecto no corresponden a la actual administración del presidente Luis Abinader.
Afirmó que la ley busca corregir situaciones heredadas de gestiones anteriores y ordenar pagos pendientes que afectan a contratistas.
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El legislador consideró que la oposición debió respaldar la medida como un paso para resolver deudas acumuladas, en lugar de rechazarla.
Pasa al Senado en medio de polémica
La iniciativa ahora será conocida por el Senado, aunque llega marcada por críticas similares a las que enfrentó un proyecto anterior observado por el Poder Ejecutivo.
El debate se centra en la falta de claridad sobre el monto total adeudado y la legalidad de los compromisos, elementos que podrían definir el futuro de la propuesta en su siguiente fase legislativa.