La campaña de la candidata al Congreso por el Distrito 13, Darializa Ávila Chevalier, enfrenta cuestionamientos tras revelarse aportes financieros vinculados a empresas tecnológicas asociadas a sistemas de vigilancia utilizados por agencias migratorias en Estados Unidos.
El tema ha cobrado fuerza porque la aspirante ha defendido públicamente la eliminación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha generado dudas sobre la coherencia entre su discurso político y las fuentes de financiamiento de su campaña.
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Aportes conectados a empresas de vigilancia
Según reportes periodísticos, entre los donantes figuran personas relacionadas con compañías como Palantir y Dataminr, firmas tecnológicas que desarrollan herramientas de análisis de datos y monitoreo utilizadas por entidades gubernamentales.
En el caso de Palantir, sus plataformas han sido empleadas por ICE para identificar inmigrantes sujetos a deportación y gestionar operativos migratorios . Mientras, Dataminr ofrece sistemas de inteligencia en tiempo real usados por organismos de seguridad y agencias públicas para detectar eventos y riesgos a partir de grandes volúmenes de datos .
Los registros de campaña también incluyen contribuciones de un ingeniero vinculado al desarrollo de software dentro de Palantir, tecnología que ha sido objeto de críticas por su uso en recopilación de información durante operativos federales.
Cuestionamientos por coherencia política
Las revelaciones han provocado reacciones entre analistas y sectores comunitarios, que consideran contradictorio promover la desaparición de una agencia federal mientras se reciben fondos ligados a estructuras que facilitan su funcionamiento.
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El debate se produce en medio de una contienda primaria donde el actual congresista Adriano Espaillat mantiene ventaja, de acuerdo con encuestas internas divulgadas por la propia campaña de Chevalier, que lo sitúan por delante rumbo a las elecciones del 23 de junio .
En paralelo, la candidata también ha sido objeto de críticas por su identificación con propuestas socialistas, un factor que algunos votantes del distrito señalan como motivo de preocupación sobre el rumbo económico que podría impulsar.
El caso reabre la discusión sobre transparencia y consistencia en el financiamiento político, especialmente en campañas donde el discurso ideológico choca con los intereses de los donantes.