Más de 500 establecimientos de salud y servicios estéticos han sido clausurados en el país desde 2024 hasta abril de 2026, tras detectarse irregularidades que comprometían la seguridad de los usuarios.
La medida fue ejecutada por el Ministerio de Salud Pública, a través de su Dirección de Habilitación, como parte de operativos de inspección y control basados en la Ley General de Salud 42-01.
En detalle, 281 centros fueron cerrados en 2024, otros 177 en 2025 y 43 en lo que va de 2026, evidenciando un patrón sostenido de intervenciones en el sector.
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Fallas recurrentes en licencias y condiciones
Las autoridades identificaron que muchos de los establecimientos operaban sin permiso sanitario o con licencias vencidas. También detectaron modificaciones estructurales no autorizadas, servicios fuera de lo permitido y denuncias por irregularidades.
Entre los lugares intervenidos figuran clínicas, laboratorios, bancos de sangre, centros de imágenes, consultorios y locales de estética, ubicados en zonas como el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y La Altagracia.
En algunos casos, las investigaciones incluyen fallecimientos asociados a procedimientos, lo que elevó el nivel de intervención.
Clausuras recientes y casos específicos
Durante abril de 2026 se ordenó el cierre de varios centros, entre ellos Aplas American Plastic Surgery, por fallas en manejo de desechos y cambios estructurales sin autorización.
También fue intervenida Clideme Clínica de Especialidades Médicas y Estéticas, por realizar procedimientos sin cumplir la normativa.
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En La Romana se clausuró Anatómica de Trasplante Capilar por emplear personal extranjero sin permiso, mientras que la Clínica Guzmán suspendió servicios quirúrgicos por deficiencias en su infraestructura.
En el área de sangre, fueron cerrados el Banco de Sangre Jireh, el Laboratorio y Banco de Sangre Salud y Vida, y el Banco de Sangre Cibao 24/7, todos por operar sin habilitación.
Mayor vigilancia y sanciones
El Ministerio indicó que en más del 80 % de los casos se aplicó el cierre acompañado de citaciones formales, mientras que otros centros recibieron plazos para corregir fallas.
Las autoridades reiteraron que estos operativos buscan reforzar la supervisión sanitaria y garantizar servicios seguros, exhortando a los prestadores a cumplir con los requisitos legales.