La imposición de tres meses de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir US$10,000 en sobornos, ha sido respaldada por sectores de la sociedad civil que ven en la decisión un mensaje directo contra la corrupción dentro del propio sistema judicial.
La organización Participación Ciudadana calificó la medida como correcta, destacando la gravedad de que un funcionario encargado de investigar delitos incurra en este tipo de conducta. Para la entidad, el caso pone en evidencia fallas estructurales que afectan la confianza pública.
$ads={1}
Críticas al impacto en la justicia
Leidy Blanco, representante de la organización, advirtió que la actuación del fiscal compromete la credibilidad institucional, especialmente por tratarse de un actor clave en la persecución penal. A su juicio, este tipo de hechos no solo debilita la imagen del sistema, sino que también pone en riesgo investigaciones de alto perfil.
En ese contexto, señaló que la medida de coerción busca evitar interferencias en el proceso, considerando que el imputado podría obstaculizar tanto su caso como el expediente vinculado a Senasa, al que describió como de gran impacto para el país.
$ads={2}
Prisión preventiva y acusaciones formales
La jueza que conoció el caso acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó que Valdez Alcántara cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El fiscal enfrenta cargos por violaciones al Código Penal y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, tras haber gestionado y recibido el dinero en una operación controlada con una persona bajo investigación.
Desde el Ministerio Público, encabezado por la procuradora Yeni Berenice Reynoso junto a Wilson Camacho y Andrés Mena, sostienen que las evidencias justifican la medida impuesta.
Participación Ciudadana entiende que este caso envía una señal clara: ningún funcionario está por encima de la ley, independientemente del cargo que ocupe.