El Partido de la Liberación Dominicana volvió a mover ficha en el tablero político con un discurso que mezcla recuperación interna, críticas económicas al Gobierno y advertencias sobre el financiamiento de los partidos.
Danilo Díaz, diputado nacional y delegado suplente ante la Junta Central Electoral del PLD, afirmó que la organización atraviesa un proceso de fortalecimiento impulsado por la reorganización interna y el activismo político encabezado por el expresidente Danilo Medina.
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"Ya el crecimiento del Partido de la Liberación Dominicana es inocultable. Los estudios públicos así lo reflejan y el presidente Danilo Medina aparece como el expresidente mejor valorado", sostuvo durante una entrevista en el programa Portada Digital.
El PLD apuesta a cerrar filas rumbo al 2028
Díaz aseguró que el proceso de escogencia del aspirante presidencial avanza bajo reglas definidas y con el objetivo de evitar fracturas internas.
"Estamos apostando a que quien gane, va a unificar y recibir el apoyo de todos los compañeros", expresó, al destacar la unidad como prioridad estratégica dentro del partido opositor.
Las declaraciones llegan en momentos en que distintas organizaciones políticas empiezan a mover sus estructuras de cara al próximo ciclo electoral.
Choque por financiamiento a los partidos
El dirigente peledeísta también cargó contra la propuesta gubernamental de reducir en un 50 % los fondos destinados a los partidos políticos.
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A su juicio, la iniciativa busca debilitar a las organizaciones opositoras y representa una amenaza para el sistema democrático. "Lo que pretende el gobierno es ahogar a los partidos políticos, especialmente a los de oposición", afirmó.
Economía y deportaciones entran al debate
Díaz sostuvo además que las encuestas recientes muestran un deterioro en la percepción ciudadana sobre la economía y una caída en la valoración del Gobierno.
"La encuesta refleja un gobierno en picada y una población que entiende que la situación económica está mala o muy mala", dijo.
También cuestionó la posibilidad de que República Dominicana asuma costos vinculados a ciudadanos deportados desde Estados Unidos, alegando que el país enfrenta demasiadas limitaciones económicas para cargar con nuevas responsabilidades.