El Ministerio de Educación activó una nueva política nacional que limitará el uso de celulares y pantallas dentro de las escuelas públicas y privadas del país, en medio de crecientes alertas internacionales sobre el impacto de la hiperconectividad en niños y adolescentes.
La Orden Departamental 011-2026, firmada por el ministro Luis Miguel De Camps, establece controles diferenciados por niveles educativos y obliga a cada centro a crear protocolos internos sobre el manejo de dispositivos móviles dentro de las aulas.
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La medida busca reducir distracciones, prevenir conflictos digitales y fortalecer una convivencia escolar más saludable.
Celulares prohibidos en inicial y restringidos en primaria
La normativa establece prohibición total de teléfonos celulares personales en el nivel inicial, mientras que en primaria habrá restricciones específicas y en secundaria el uso estará permitido únicamente bajo supervisión pedagógica.
Cada institución deberá integrar las nuevas reglas a sus manuales de convivencia junto a docentes, estudiantes y familias.
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El Ministerio de Educación también ordenó implementar pausas activas y actividades alternativas para disminuir el tiempo de exposición a pantallas durante la jornada escolar.
"La tecnología debe potenciar el aprendizaje, no deteriorar la convivencia ni la atención", afirmó Luis Miguel De Camps.
La orden también golpea el ciberacoso
La disposición incorpora nuevas reglas sobre privacidad y protección de datos dentro de los centros educativos.
Quedará prohibido grabar o difundir imágenes, audios o videos de estudiantes, docentes o personal administrativo sin consentimiento previo.
Además, la normativa introduce mecanismos de prevención frente al ciberacoso, humillaciones digitales y otras formas de violencia en entornos virtuales.
El Ministerio de Educación sostuvo que el país necesita avanzar hacia una cultura digital más consciente frente al crecimiento de la inteligencia artificial y la dependencia tecnológica.
Habrá excepciones y formación digital
La orden contempla excepciones para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo que requieran herramientas tecnológicas para aprendizaje o accesibilidad.
También se desarrollarán programas de formación dirigidos a docentes, familias y personal administrativo sobre bienestar digital, uso responsable de tecnología y protección de datos.
Según De Camps, el desafío ya no consiste en decidir si la tecnología forma parte de la educación, sino en controlar cómo influye sobre el aprendizaje, la atención y la convivencia escolar.