La devolución del visado estadounidense a Gonzalo Castillo abrió un nuevo frente político entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el oficialismo. La organización opositora asegura que el hecho desmonta años de "persecución política" y reaviva dudas sobre el uso del sistema judicial contra dirigentes opositores.
José Dantés Díaz, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD, afirmó que tanto la restitución del visado como las recientes declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, confirman denuncias históricas del partido sobre supuestos abusos institucionales.
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El dirigente sostuvo que durante años se promovieron campañas mediáticas y judiciales para destruir reputaciones políticas antes de que existieran decisiones definitivas de los tribunales.
PLD eleva presión tras declaraciones de embajadora
Dantés calificó como "sumamente graves" las declaraciones de Leah Campos, quien advirtió recientemente que la revocación de visados estadounidenses no debe utilizarse como herramienta política.
A juicio del dirigente peledeísta, las palabras de la diplomática reabren el debate sobre la independencia judicial y el uso de mecanismos administrativos contra opositores en República Dominicana.
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El miembro del Comité Político del PLD insistió en que muchas narrativas impulsadas desde sectores oficiales comienzan a debilitarse frente a decisiones que, según dijo, evidencian motivaciones políticas detrás de algunos procesos.
El PLD insiste en "judicialización selectiva"
José Dantés Díaz aseguró que el PLD nunca ha rechazado la lucha contra la corrupción, pero advirtió que ningún proceso puede desarrollarse violando garantías constitucionales, debido proceso o presunción de inocencia.
También defendió la necesidad de separar justicia y política para evitar retaliaciones contra dirigentes opositores.
El jurista afirmó que el país debe reflexionar sobre los efectos que determinadas actuaciones tuvieron sobre la institucionalidad y la convivencia democrática en los últimos años.
Las declaraciones colocan nuevamente en el centro del debate político los expedientes judiciales vinculados a exfuncionarios peledeístas y el alcance de las decisiones internacionales relacionadas con esos casos.