El aumento de asesinatos de mujeres a manos de parejas y exparejas vuelve a colocar bajo presión al sistema de protección estatal. Juristas advierten que los protocolos aplicados por las autoridades están fallando y no logran evitar que las víctimas terminen asesinadas incluso después de denunciar violencia.
Solo en lo que va de este mes, seis mujeres han sido ultimadas por sus agresores, mientras la cifra de feminicidios en 2026 se acerca a 50 casos.
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Juristas cuestionan respuesta del Ministerio Público
Especialistas en derecho consideran insuficiente la logística utilizada para atender denuncias de maltrato y proteger a mujeres en situación de riesgo.
Aseguran que muchas víctimas llegan a las fiscalías buscando medidas preventivas, pero el sistema no ofrece respuestas efectivas ni seguimiento oportuno para impedir nuevas agresiones.
La crítica se produce en medio del creciente debate nacional por el aumento de feminicidios y las limitaciones institucionales para prevenirlos.
Advierten que las cifras seguirán aumentando
Juristas sostienen que, si el Gobierno no impulsa cambios profundos en la estrategia del Ministerio Público, los feminicidios continuarán en ascenso.
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Entre las principales preocupaciones figura la falta de mecanismos preventivos más rápidos y eficaces para responder ante denuncias de violencia intrafamiliar y amenazas de agresores reincidentes.
El incremento de casos mantiene bajo cuestionamiento la capacidad del Estado para garantizar protección real a mujeres que alertan sobre situaciones de peligro.
La presión crece sobre las autoridades
El repunte de feminicidios ha intensificado las exigencias para revisar protocolos, fortalecer medidas cautelares y mejorar la coordinación entre fiscalías, Policía y organismos de asistencia.
Mientras las estadísticas continúan aumentando, sectores jurídicos y sociales reclaman una transformación urgente del modelo de atención para evitar que más mujeres sean asesinadas pese a haber buscado ayuda.