El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llevó al Congreso el debate sobre el alcance real del acuerdo firmado entre República Dominicana y Estados Unidos dentro de la iniciativa "Escudo de las Américas", cuestionando posibles implicaciones en soberanía, seguridad y política migratoria.
El bloque de diputados peledeístas sometió una resolución para citar al canciller Roberto Álvarez ante la Cámara de Diputados y obligarlo a explicar públicamente los compromisos asumidos por el país.
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El punto más sensible: uso de instalaciones dominicanas
El vocero del PLD, Gustavo Sánchez, advirtió que el memorando incluye aspectos considerados delicados para cualquier Estado, entre ellos autorizaciones relacionadas con acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal estadounidense en aeropuertos e instalaciones militares dominicanas.
El legislador pidió aclarar cuánto tiempo durarían esas autorizaciones, cuáles serían sus límites operativos y qué instituciones dominicanas tendrían control sobre las operaciones.
También reclamó detalles sobre los mecanismos de supervisión y las garantías para preservar la soberanía nacional, el ordenamiento jurídico interno y los derechos fundamentales de las personas involucradas en el acuerdo.
"Estamos hablando de seguridad nacional, política migratoria y compromisos extremadamente sensibles", sostuvo Sánchez durante la presentación de la iniciativa.
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El Congreso busca conocer qué firmó el Gobierno
El PLD exigirá además la entrega íntegra del memorando de entendimiento y de cualquier documento complementario vinculado a la participación dominicana en "Escudo de las Américas".
Sánchez insistió en que el Congreso Nacional debe conocer directamente los términos pactados entre ambos gobiernos antes de que continúe avanzando la implementación del mecanismo.
El debate tomó fuerza luego de que República Dominicana anunciara que aceptará un número limitado de ciudadanos deportados desde Estados Unidos provenientes de terceros países, excluyendo nacionales haitianos.
Según las informaciones oficiales conocidas hasta ahora, esas personas ingresarían bajo condición de tránsito y sin antecedentes penales, aunque el Gobierno todavía no ha detallado públicamente las condiciones completas del acuerdo.
La falta de información alimenta la presión política
La ausencia de explicaciones formales por parte de la Cancillería y del Poder Ejecutivo ha incrementado los cuestionamientos desde sectores políticos y legislativos.
El PLD sostiene que la ciudadanía tiene derecho a conocer el impacto real del acuerdo, especialmente en temas relacionados con migración, presencia temporal de personal extranjero y utilización de infraestructura estratégica nacional.