El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó una licencia temporal para separarse del cargo mientras avanza una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico señalados desde Estados Unidos.
La decisión fue presentada ante el Congreso estatal, con el argumento de facilitar las indagatorias que llevará a cabo la Fiscalía General de la República, en medio de una creciente tensión política entre ambos países.
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Acusaciones desde EE.UU. y reacción del mandatario
El caso surge tras señalamientos divulgados por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, que vinculan al mandatario y a otros funcionarios con supuestas conspiraciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Según las acusaciones, habrían existido acuerdos con líderes criminales para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de beneficios políticos y económicos.
Rocha Moya rechazó los cargos, calificándolos como falsos, y aseguró que demostrará su inocencia ante las autoridades mexicanas. También afirmó que no permitirá que la situación afecte al proyecto político al que pertenece.
Otros funcionarios también se apartan
En paralelo, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también pidió una licencia provisional tras ser incluido en las acusaciones. En su lugar asumió funciones Miriam Ramos Villarreal.
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La lista de señalados incluye además a exfuncionarios de seguridad y mandos policiales, entre ellos Gerardo Mérida Sánchez y Juan Valenzuela Millán, junto a otros nombres vinculados a estructuras estatales.
Investigación en curso y presión bilateral
Las autoridades mexicanas solicitaron formalmente a Estados Unidos toda la documentación del caso, incluyendo pruebas y reportes, para sustentar la investigación.
El episodio ha generado un fuerte impacto político, al involucrar a figuras del oficialismo vinculadas al Movimiento Regeneración Nacional, fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La licencia solicitada por Rocha Moya busca, según explicó, garantizar transparencia en el proceso y permitir que las instituciones actúen sin interferencias.