Una sentencia del Tribunal Superior Administrativo abrió un nuevo frente legal para el Ministerio de Relaciones Exteriores al ordenar el pago de más de un millón de pesos a una ex auxiliar consular despedida tras cinco años de servicio sin sanciones ni faltas registradas.
La Cuarta Sala del TSA concluyó que el Consulado dominicano y el MIREX vulneraron derechos laborales de Juana Iris Acevedo, quien reclamó prestaciones, vacaciones, salario de Navidad y la indemnización contemplada en el artículo 60 de la Ley 41-08 de Función Pública.
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El tribunal detectó firmas y documentos sin autorización
En la sentencia No. 0030-1642-2026-SSEN-00078, emitida el 25 de febrero de 2026, el tribunal presidido por el juez Román Berroa Hiciano determinó que el supuesto "recibo de descargo" utilizado por el Consulado carecía de validez.
Los jueces establecieron que tanto ese documento como el cheque de vacaciones fueron recibidos por una persona no autorizada. Además, un empleado consular firmó un descargo en nombre de Acevedo sin consentimiento de la afectada.
La disputa revive el debate sobre empleados consulares
La defensa del Consulado y del MIREX sostuvo que los empleados administrativos en sedes diplomáticas dependen exclusivamente del cónsul y están sujetos a las leyes del país donde operan.
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Sin embargo, el abogado Tamayo Tejada rechazó esa interpretación y afirmó que la Ley 630-16, sus reglamentos y la Ley 41-08 de Función Pública reconocen a esos trabajadores como empleados del Estado dominicano, salvo que exista un contrato específico que indique lo contrario.
Tejada aseguró que ese tipo de acuerdo nunca existió en el caso de Juana Iris Acevedo, por lo que debía regirse bajo la legislación dominicana.