CONEP cuestiona trámite de la reforma sobre residuos sólidos

La aprobación del proyecto de reforma a la ley sobre residuos sólidos en la Cámara de Diputados reactivó las críticas del sector empresarial, que advierte sobre el impacto económico de la iniciativa y el procedimiento utilizado para su discusión.


Logo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)


El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) reiteró que respalda el fortalecimiento de un sistema moderno y sostenible para la gestión integral de los residuos sólidos, pero expresó preocupación por la rapidez con la que avanza una reforma que, a su juicio, requiere mayor análisis técnico.


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Empresarios piden más deliberación

En un comunicado, el gremio sostuvo que, aunque la declaratoria de urgencia es una herramienta prevista por la Constitución para situaciones excepcionales, su aplicación en proyectos que modifican obligaciones económicas y reglas para el sector productivo debe ejercerse con prudencia.


El CONEP afirmó que una iniciativa de este alcance demanda un proceso legislativo con mayores espacios de deliberación, al considerar que el procedimiento actual limita la evaluación de sus efectos.


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Alertan sobre el impacto económico

La organización empresarial calificó de preocupante que el proyecto concentre nuevas cargas económicas sobre las empresas, señalando que el sector privado ya asumió recientemente un aumento en la tasa del Impuesto sobre la Renta y aporta una parte significativa de las recaudaciones tributarias.


Asimismo, indicó que el debate no debe centrarse en el tamaño de las empresas, ya que grandes, medianas y pequeñas forman parte del mismo tejido productivo y contribuyen al desarrollo económico del país.


Piden evaluar el efecto acumulado de las medidas

El CONEP sostuvo que las políticas públicas deben analizarse por el impacto conjunto de las obligaciones regulatorias y tributarias, y no de manera aislada.


Según el gremio, una concentración reiterada de cargas sobre un mismo sector puede afectar la competitividad de la República Dominicana y limitar la capacidad de las empresas para seguir impulsando el crecimiento económico.

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