El Gobierno mantiene su respaldo a la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal a principios de agosto, pese a las solicitudes de diversos sectores que plantean aplazar su implementación para revisar parte de su contenido.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que la reforma ha permanecido en discusión durante décadas y consideró que el tiempo transcurrido ha permitido un amplio proceso de evaluación antes de su puesta en marcha.
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Paliza defiende la fecha prevista
Durante una entrevista en el programa El Día, el funcionario recordó que el debate sobre la reforma comenzó en 1997 por disposición del entonces presidente Leonel Fernández. Aunque dijo que una eventual prórroga no le generaría objeciones, insistió en que la normativa debe entrar en vigencia conforme al calendario establecido.
Paliza también confirmó que el Poder Ejecutivo estudia introducir modificaciones a la Ley 74-26, que instituye el nuevo Código Penal, aunque no precisó cuáles disposiciones serían objeto de cambios.
Continúa el debate sobre la reforma
Las declaraciones del ministro llegan mientras distintos sectores mantienen posiciones encontradas sobre la implementación de la nueva normativa. Quienes favorecen una prórroga sostienen que algunos artículos requieren revisión para evitar vacíos jurídicos y facilitar su aplicación.
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Otros consideran que el sistema de justicia necesita más tiempo para adecuar su estructura a los cambios que introduce el Código Procesal Penal, orientados a fortalecer la persecución del crimen organizado, agilizar los procesos penales y actualizar el marco legal.
Castellanos cuestiona el proceso legislativo
El pronunciamiento de Paliza contrasta con la posición expresada por el abogado constitucionalista Pedro Justo Castellanos, quien afirmó que el nuevo Código Penal contiene disposiciones que generan incertidumbre e inseguridad jurídica.
Castellanos también cuestionó el nivel de deliberación en el Congreso Nacional durante la aprobación de la Ley 74-25, al considerar que una reforma de ese alcance debió someterse a un proceso de discusión más amplio, mientras Paliza sostiene que el debate sobre estas modificaciones se remonta a 1997.