La reforma al Código de Trabajo enfrenta nuevas objeciones del sector empresarial. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) solicitaron a la Cámara de Diputados una revisión exhaustiva del proyecto al considerar que su redacción actual excluye acuerdos construidos durante años de negociaciones entre empleadores, trabajadores y el Gobierno.
En una comunicación enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ambas entidades advirtieron que algunas disposiciones de la iniciativa podrían afectar la competitividad de las empresas, desalentar inversiones y limitar la creación de empleos formales.
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Empresarios reclaman respeto a consensos alcanzados
La carta, suscrita por Celso Juan Marranzini, presidente de CONEP, y Laura Peña Izquierdo, presidenta de COPARDOM, reconoce la necesidad de actualizar la legislación laboral dominicana, pero sostiene que el proyecto no incorpora plenamente los acuerdos logrados durante más de una década de diálogo tripartito.
Los gremios recordaron que el proceso de discusión involucró a representantes del sector empresarial, organizaciones sindicales y autoridades gubernamentales, por lo que entienden que los consensos alcanzados deben reflejarse en la versión final de la reforma.
Alertan sobre costos y competitividad
Las organizaciones expresaron preocupación por la inclusión de medidas que, según plantean, podrían aumentar las cargas de cumplimiento para las empresas y generar efectos adversos sobre el mercado laboral.
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También señalaron que aspectos considerados esenciales para modernizar las relaciones de trabajo y mejorar la productividad no fueron incorporados al proyecto que actualmente estudian los legisladores.
Piden diálogo técnico antes de la aprobación
CONEP y COPARDOM destacaron que el debate ocurre en un contexto donde la informalidad laboral supera el 50 %, por lo que consideran indispensable que cualquier modificación al Código de Trabajo contribuya a fortalecer el empleo formal y la competitividad nacional.
Las entidades solicitaron una reunión con los diputados para presentar sus observaciones y defendieron la necesidad de mantener un proceso participativo y sustentado en criterios técnicos antes de aprobar la reforma.
A su juicio, una legislación laboral sostenible debe equilibrar la protección de los trabajadores, la generación de empleos formales, la seguridad jurídica y el crecimiento económico.