Una de las acusadas en el presunto desfalco de RD$3,700 millones en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) reconoció parcialmente su participación en los hechos y manifestó su disposición de colaborar con el Ministerio Público para esclarecer la supuesta trama de corrupción.
La información fue confirmada por la defensa de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien aseguró que su clienta ha mantenido una actitud de cooperación con las autoridades y busca contribuir a la identificación de los responsables detrás de las operaciones investigadas.
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Según el expediente, la presunta red habría desviado recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), destinados a tratamientos, medicamentos y servicios médicos para pacientes oncológicos de escasos recursos.
Audiencia fue aplazada para el próximo jueves
La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, decidió recesar la audiencia de medida de coerción debido a lo avanzado de la jornada.
El proceso continuará el jueves 25 de junio a las 4:30 de la tarde, cuando las partes presentarán sus réplicas y contrarréplicas antes de que el tribunal adopte una decisión.
La defensa de Vargas Sánchez solicitó prisión domiciliaria como medida cautelar para su representada, quien se desempeñó como exvicepresidenta y exauditora interna y externa del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
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Ministerio Público mantiene petición de prisión preventiva
La investigación involucra además a Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y señalado como principal imputado, así como a Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
El Ministerio Público, representado por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, sostiene que los acusados formaban parte de una estructura que habría ejecutado falsificación de documentos médicos, alteración de indicaciones clínicas, doble facturación al Estado y comercialización irregular de medicamentos donados.
Los fiscales solicitan prisión preventiva y que el expediente sea declarado caso complejo debido a la magnitud de los hechos investigados y al perjuicio económico estimado en RD$3,700 millones.
Defensas rechazan control de fondos públicos
Durante la audiencia, los abogados de Héctor Lora y Luisa Yasiris Guzmán argumentaron que sus clientes no administraban recursos estatales y rechazaron los señalamientos formulados por el órgano acusador.
Mientras avanza el proceso judicial, el Ministerio Público continúa presentando evidencias para sustentar las acusaciones relacionadas con uno de los casos de presunta corrupción más voluminosos vinculados al sector salud en los últimos años.