La apertura de juicio de fondo en el caso relacionado con la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo marcará una nueva etapa en la estrategia de defensa de José Ángel Gómez Canaán, quien sostiene que las acusaciones en su contra carecen de base legal y probatoria.
Tras concluir la audiencia, el empresario afirmó que enfrentará el proceso judicial con determinación y reiteró que, desde el inicio del expediente, ha denunciado presuntos intentos de despojarlo de sus bienes mediante la acción penal impulsada por el Ministerio Público.
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"Ahora vamos a juicio de fondo, vamos con todo", declaró Gómez Canaán al referirse a la decisión del tribunal de enviar el caso a la siguiente fase procesal.
Defensa destaca exclusión del cargo de terrorismo
Uno de los principales puntos resaltados por los abogados del empresario fue la exclusión de la acusación de terrorismo por parte del tribunal.
Según la defensa, la decisión confirma que no existen elementos que permitan sustentar esa imputación dentro del expediente.
Gómez Canaán también cuestionó que dicho cargo fuera incluido inicialmente en la acusación presentada por el Ministerio Público, al considerar que nunca existieron fundamentos para sostenerlo.
Solicitan escuchar nuevos testigos en el juicio
El empresario adelantó que espera que durante el juicio de fondo sean escuchados varios testigos que, según afirma, pueden aportar información relevante para esclarecer los hechos.
Entre las personas mencionadas figuran el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison; Jorge Luis Polanco; Martín Rivera Gavirondo, actual vicepresidente de la ARS Reservas; y Eylin Beltrán.
La defensa considera que estos testimonios podrían contribuir a desmontar aspectos esenciales de la acusación.
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Alegan que el Estado mantiene una deuda millonaria
Los abogados de Gómez Canaán también rechazaron las imputaciones relacionadas con una presunta estafa contra el Estado.
Argumentaron que uno de los elementos esenciales para configurar ese delito es la existencia de un perjuicio económico, situación que, según sostienen, no ha sido demostrada por los órganos acusadores.
Por el contrario, afirman que existen pagos pendientes derivados de contratos ejecutados por empresas vinculadas al empresario y que la deuda superaría los 1,100 millones de pesos.
Con el envío del expediente a juicio de fondo, las partes tendrán la oportunidad de presentar pruebas, testigos y argumentos ante el tribunal encargado de determinar la responsabilidad penal de los acusados en uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados al Intrant.