La decisión judicial que favorece a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta ha reactivado el enfrentamiento entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Ministerio Público. La organización sostiene que el caso confirma años de denuncias sobre supuestas persecuciones políticas y procesos construidos sin bases suficientes para llegar a juicio.
En un pronunciamiento público, el PLD afirmó que el fallo representa mucho más que una victoria procesal para ambos dirigentes. A su juicio, constituye una validación de los cuestionamientos que durante años realizaron familiares, abogados y miembros de la organización sobre las acusaciones presentadas en su contra.
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El PLD habla de daños irreparables
La organización argumentó que las consecuencias de los procesos judiciales trascendieron el ámbito legal, señalando afectaciones a la salud, el patrimonio, la reputación y la vida familiar de los imputados.
También cuestionó medidas como las alertas migratorias impuestas desde noviembre de 2020, la prisión preventiva y la exposición pública de los expedientes, calificándolas como mecanismos utilizados para castigar antes de una sentencia definitiva.
Según el partido, ninguna decisión judicial puede compensar completamente el tiempo perdido ni los daños personales y económicos que, asegura, sufrieron los acusados.
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Reafirman respaldo a otros exfuncionarios procesados
El PLD extendió su defensa a Donald Guerrero, Luis M. Piccirillo, Fredy Hidalgo, Fernando Rosa, Magalys Medina, Rafael Germosen y otros vinculados a distintos expedientes judiciales.
La organización sostiene que estos procesos responden a una estrategia política y no a la fortaleza jurídica de las acusaciones, una postura que ha mantenido desde el inicio de las investigaciones contra exfuncionarios de sus administraciones.
Asimismo, criticó las apelaciones presentadas por el Ministerio Público en casos donde, según afirma, los tribunales ya han descartado elementos suficientes para sustentar las acusaciones.
Proponen reformas para evitar nuevos conflictos
El partido aprovechó el pronunciamiento para plantear cambios en el sistema de justicia, incluyendo mayores garantías a la presunción de inocencia y límites al uso de la prisión preventiva.
Además, llamó a impedir que futuras investigaciones penales sean utilizadas con fines políticos y rechazó las filtraciones de expedientes y los llamados juicios mediáticos.
Para el PLD, las decisiones judiciales emitidas recientemente representan el inicio de un reconocimiento más amplio sobre lo que considera un uso político del aparato de justicia, una tesis que asegura ha sido respaldada por juristas, académicos y especialistas durante los últimos años.