Más de seis de cada diez personas privadas de libertad en República Dominicana permanecen encarceladas sin haber recibido una sentencia definitiva, una situación que coloca al país como el segundo de América Latina y el Caribe con mayor proporción de presos preventivos, solo por detrás de Haití.
La dimensión del fenómeno fue expuesta en el informe "Democracias Bajo Presión", elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que identifica el uso excesivo de la prisión preventiva como uno de los principales desafíos del sistema de justicia penal dominicano.
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Cerca de 16,000 internos esperan una decisión judicial
Las estadísticas de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) muestran que alrededor de 16,000 de los casi 25,000 reclusos del país aún no han sido condenados.
El reporte atribuye esta situación a problemas estructurales que van desde la lentitud procesal y la acumulación de expedientes hasta debilidades en las investigaciones criminales. En la práctica, la prisión preventiva termina funcionando como una respuesta ante las limitaciones del sistema judicial.
La consecuencia inmediata es una mayor presión sobre los centros penitenciarios, donde el hacinamiento y la sobrepoblación continúan afectando las condiciones de reclusión y la capacidad de gestión del Estado.
Presión por resultados impulsa respuestas más punitivas
El estudio advierte que las demandas sociales de mayor seguridad y la necesidad de exhibir resultados rápidos suelen favorecer decisiones orientadas al endurecimiento de las medidas cautelares.
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Según el PNUD, esta dinámica traslada las deficiencias del debido proceso hacia las cárceles y contribuye a expandir la población penitenciaria sin que necesariamente se fortalezca la capacidad de investigar y sancionar los delitos.
La tendencia forma parte de un fenómeno regional. Desde comienzos de los años 2000, la población carcelaria de América Latina aumentó cerca de un 150 %, pasando de 700,000 personas privadas de libertad a aproximadamente 1.8 millones en 2024.
La prisión preventiva golpea con mayor fuerza a los sectores pobres
La investigación también identifica una marcada desigualdad social dentro del sistema penal. La mayoría de la población penitenciaria proviene de sectores con menores niveles educativos y recursos económicos limitados.
Para quienes enfrentan un proceso judicial en condiciones de vulnerabilidad, acceder a una defensa especializada, demostrar arraigo laboral o residencial y cumplir con requisitos económicos resulta considerablemente más difícil. Esto incrementa las probabilidades de permanecer en prisión mientras avanza el caso.
PNUD plantea fortalecer investigaciones y capacidad institucional
El informe sostiene que la efectividad de la justicia no debe evaluarse por la cantidad de arrestos o los operativos realizados, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar delitos de manera eficiente y dentro de plazos razonables.
Asimismo, señala que la fragmentación institucional, la baja profesionalización y las limitaciones investigativas continúan afectando a distintos cuerpos policiales de la región. Cuando las investigaciones no avanzan y los procesos se prolongan, advierte el organismo, aumenta la impunidad y se debilita la capacidad del Estado para ejercer autoridad de forma efectiva.