El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que la Ley 74-25 no podrá ser modificada antes de su entrada en vigencia el próximo 3 de agosto, al asegurar que el proceso legislativo ya concluyó y que cualquier revisión deberá discutirse una vez la normativa comience a aplicarse.
La declaración se produce en medio de las críticas y recursos legales impulsados por distintos sectores que buscan cambios en varios artículos del nuevo Código Penal.
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"El Código Penal no hay forma alguna de que se le pueda modificar un punto ni una coma hasta que no entre en funcionamiento", sostuvo el legislador al referirse a las solicitudes de revisión planteadas tras la promulgación de la ley.
Senado defiende la necesidad de una reforma penal
De los Santos argumentó que la República Dominicana requería una actualización integral de su legislación penal para responder a nuevas modalidades delictivas y a los desafíos tecnológicos actuales.
El senador consideró que el antiguo marco normativo había quedado rezagado frente a la evolución de la sociedad y destacó que la nueva legislación incorpora figuras penales vinculadas a delitos de alta tecnología que anteriormente no estaban claramente tipificadas.
Según explicó, la reforma busca adaptar el sistema penal a realidades contemporáneas y fortalecer la capacidad del Estado para perseguir nuevas formas de criminalidad.
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Médicos llevan la ley al Tribunal Constitucional
Mientras se acerca la fecha de entrada en vigor de la Ley 74-25, el Colegio Médico Dominicano presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra varios artículos de la normativa.
La organización entiende que determinadas disposiciones podrían afectar el ejercicio profesional de los médicos y generar incertidumbre jurídica en procesos relacionados con la práctica de la medicina.
Su presidente, Luis Peña Núñez, ha señalado que la acción judicial busca garantizar reglas claras para el sector y no persigue crear mecanismos de impunidad.
Periodistas alertan sobre difamación e injuria
Las preocupaciones también han alcanzado al sector de la comunicación, donde gremios y representantes periodísticos han cuestionado artículos relacionados con los delitos de difamación e injuria.
Los críticos advierten que las sanciones penales contempladas para expresiones difundidas en medios tradicionales y plataformas digitales podrían incentivar la autocensura y limitar denuncias sobre asuntos de interés público.
Pese a estos cuestionamientos, la posición del Senado es que cualquier modificación deberá evaluarse después de que la ley entre formalmente en vigor.