La constitucionalidad de varios artículos del nuevo Código Penal quedó bajo revisión luego de que los comunicadores Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino presentaran una acción directa de inconstitucionalidad contra disposiciones que, a su juicio, restringen la libertad de expresión y de información.
Los cofundadores de Somos Pueblo Media depositaron el recurso ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana con el respaldo de los abogados Pedro Virginio Balbuena y Francisco Alejandro Aristy. La acción solicita la anulación de los artículos 192, 208, 209, 210, 211 y 310 de la Ley Orgánica número 74-25.
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Cuestionan penas de prisión por difamación
La instancia sostiene que el artículo 208 establece condenas de dos a cinco años de prisión por difamación, mientras que el artículo 209 aumenta la pena de cinco a diez años cuando el hecho sea considerado de carácter extorsivo.
Los accionantes argumentan que estas sanciones son incompatibles con los estándares internacionales sobre libertad de expresión y afirman que los conflictos relacionados con el honor pueden resolverse mediante acciones civiles y reparaciones patrimoniales, sin recurrir a penas privativas de libertad.
Advierten impacto sobre el ejercicio periodístico
El recurso también objeta la redacción del artículo 211 al considerar que excluye garantías esenciales para el debate público, como la prueba de la verdad (exceptio veritatis), el error razonable del periodista y una protección reforzada para los juicios de valor.
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Además, cuestiona la falta de precisión en los delitos de injuria, ultraje y difusión de imágenes sin consentimiento, al entender que incorpora conceptos amplios sin parámetros objetivos. Con estos argumentos, los accionantes solicitan al Tribunal Constitucional declarar la inconstitucionalidad de los artículos impugnados.