El mayor golpe judicial contra las estructuras de corrupción vinculadas a organismos de seguridad del Estado culminó con condenas que alcanzan los 20 años de prisión, multas de hasta 400 salarios mínimos y la disolución de varias empresas utilizadas en las operaciones Coral y Coral 5G. La decisión impacta a 29 personas halladas responsables de integrar una red que, según estableció el tribunal, desvió fondos públicos entre 2012 y 2020.
Tras conocerse el fallo, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, afirmó que la sentencia valida la investigación desarrollada por el órgano acusador y envía un mensaje contra la impunidad. El dispositivo fue leído a las 2:00 de la madrugada de este martes por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
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Generales reciben las penas más altas del proceso
Las sanciones más severas recayeron sobre los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, así como sobre el coronel Rafael Núñez de Aza, condenados a 20 años de reclusión mayor y al pago de 400 salarios mínimos.
El tribunal también impuso 15 años de prisión al general Julio Camilo de los Santos Viola y a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como "la pastora". Ambos deberán pagar multas de hasta 400 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.
Entre los condenados a 10 años figuran Esmeralda Ortega Polanco, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez, Boanerges Reyes Batista, Franklín Antonio Mata Flores, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y Erasmo Roger Pérez Núñez, además de otras sanciones económicas establecidas por las juezas.
El tribunal concluye que hubo desvío de fondos públicos
La sentencia determinó que parte del dinero extraído de las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur) fue utilizado para adquirir bienes y sostener la estructura investigada.
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Las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo consideraron probada la participación de varios imputados en el esquema de sustracción de recursos públicos. Además, concluyeron que una parte del modelo operativo fue trasladado al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), conforme a las evidencias presentadas durante el juicio.
Absoluciones, empresas disueltas y lectura íntegra en agosto
El tribunal ordenó la disolución de seis empresas vinculadas al caso y les impuso multas equivalentes a 200 salarios mínimos. Entre ellas figuran CSNA Universo Empresarial, S.R.L., Randa Internacional Company, E.I.R.L., Aldom Glass Alumimium, S.R.L., Rawel Importadores S.R.L., R & F Agroindustrial, S.R.L. y Hacienda Kelman, S.R.L.
La decisión también incluyó la absolución de varios acusados y de la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo. Asimismo, rechazó la solicitud de extinción de la acción penal planteada por las defensas de 26 imputados, al considerar que el proceso avanzó sin dilaciones indebidas.
La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 14 de agosto a las 2:00 de la tarde.