La aprobación del nuevo Código Penal introduce cambios que fortalecen el combate contra la corrupción en República Dominicana al aumentar las sanciones para los funcionarios condenados, ampliar los plazos de prescripción e incorporar, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La reforma amplía las herramientas con las que contará el sistema de justicia para perseguir delitos contra la administración pública y establece nuevas obligaciones tanto para las instituciones estatales como para las empresas privadas.
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Penas más severas y mayor control sobre la función pública
Entre las modificaciones figura el endurecimiento de las penas por corrupción administrativa, con el propósito de reforzar la capacidad del Estado para sancionar conductas que afecten el patrimonio público.
El nuevo Código Penal también extiende los plazos de prescripción de estos delitos, permitiendo que las investigaciones dispongan de más tiempo para desarrollarse y reduciendo el riesgo de que los procesos concluyan sin una decisión judicial por el simple transcurso del tiempo.
Además, establece la inhabilitación para ejercer cargos públicos de los funcionarios condenados por corrupción, reforzando el régimen de consecuencias para quienes incurran en delitos durante el ejercicio de sus funciones.
Las empresas responderán penalmente por determinados delitos
Una de las principales novedades de la legislación es la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Con esta figura, las empresas podrán ser procesadas cuando determinados delitos sean cometidos en su beneficio.
La reforma impulsa la adopción de programas de cumplimiento normativo, controles internos y auditorías para prevenir prácticas ilícitas, fortaleciendo los mecanismos de transparencia y gestión de riesgos dentro del sector empresarial.
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Asimismo, el nuevo marco legal busca alinear la legislación dominicana con estándares internacionales en materia de prevención de la corrupción, delitos económicos y lavado de activos.
Se amplía el catálogo de delitos
El Código Penal también incorpora nuevas conductas sancionables, entre ellas la obstrucción de la justicia, las falsas denuncias y la intermediación financiera ilegal.
Con estas disposiciones, el Estado amplía las herramientas para investigar y perseguir modalidades de criminalidad económica y organizada, al tiempo que fortalece la protección del sistema judicial y la rendición de cuentas en los sectores público y privado.