La defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, busca que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional cierre el proceso penal en su contra al considerar que ya excedió el plazo máximo de cuatro años previsto por la legislación dominicana e instrumentos internacionales.
Los abogados sostienen que el expediente permanece abierto desde hace seis años y que Rodríguez estuvo cuatro años privado de libertad durante el desarrollo del caso. También alegan que no existe una decisión judicial que atribuya a su representado las dilaciones registradas en el proceso.
$ads={1}
Tribunal escuchará el pedido el próximo lunes
La discusión continuará el lunes 27 de julio, a las 9:00 de la mañana, cuando el tribunal conocerá los argumentos de la defensa antes de decidir sobre la solicitud de extinción de la acción penal.
Los abogados citaron además que entre 2014 y 2025 los tribunales acogieron 22,645 solicitudes de extinción y reclamaron que el expediente de Rodríguez reciba el mismo tratamiento.
La petición se produjo después de que el Segundo Tribunal Colegiado rechazara un recurso de oposición presentado por varias barras de la defensa contra decisiones adoptadas durante el juicio y ordenara avanzar con el proceso por presunta corrupción administrativa.
Jean Alain Rodríguez enfrenta acusaciones por corrupción
El Ministerio Público, representado por el director general de Persecución, Wilson Camacho, había solicitado declarar inadmisible el recurso, planteamiento aceptado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto.
$ads={2}
Luego de esa decisión, el tribunal ordenó iniciar la fase correspondiente con el discurso de apertura de la acusación. Sin embargo, la audiencia fue aplazada para el próximo lunes tras la reiteración del pedido de extinción.
Previamente, las juezas rechazaron una solicitud de aplazamiento basada en un supuesto problema de salud de Rodríguez, debido a que la defensa no presentó documentación que respaldara esa condición.
De acuerdo con la acusación, Jean Alain Rodríguez y los demás imputados enfrentan cargos por presuntos actos de corrupción, incluidos soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos. El Ministerio Público sostiene que durante su gestión como procurador general, entre 2016 y 2020, se habría producido una malversación superior a los RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos.