Las medidas incluidas en la Ley 30-26 no alivian la carga económica de la clase media y, por el contrario, elevan costos que terminan afectando a consumidores y pequeños proveedores, afirmó Juan Ariel Jiménez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Durante una entrevista en el programa El Día, el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo sostuvo que los dominicanos pagan los combustibles como si el petróleo cotizara entre 90 y 100 dólares por barril, una situación que, a su juicio, contradice el propósito de la denominada ley anticrisis.
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Critica impuestos y retenciones contemplados en la Ley 30-26
Jiménez cuestionó que la legislación mantenga elevados los precios de los combustibles, aumente la retención aplicada a proveedores informales e incremente los impuestos sobre las transferencias bancarias.
Según el economista, estas disposiciones no generan un beneficio para la clase media ni para los sectores más vulnerables, pese a que ese fue uno de los objetivos planteados por el Gobierno al impulsar la normativa.
Plantea un mecanismo para reducir la volatilidad de los combustibles
Como alternativa, propuso crear un Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles que permita amortiguar las variaciones del mercado internacional sin trasladarlas de inmediato a los consumidores.
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Explicó que el esquema establecería un precio de referencia del petróleo: cuando el crudo supere ese nivel, el fondo cubriría parte del impacto; cuando el precio disminuya, los recursos volverían a alimentarlo. Aseguró que modelos similares funcionan en países como China, Colombia y Uruguay, y consideró que aportarían mayor transparencia y previsibilidad a la política de fijación de precios.