PLD cuestiona que Ministerio Público reciba 40 % de bienes incautados

La aprobación en el Senado de la República de una modificación al artículo 82 de la Ley 60-23 generó críticas desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyo dirigente José Dantés Díaz advirtió sobre los posibles efectos de asignar al Ministerio Público el 40 % de los recursos obtenidos de bienes sometidos a procesos de incautación, decomiso y extinción de dominio.


José Dantés ante un micrófono durante una entrevista radial


El titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD sostuvo que la medida podría crear incentivos para que el órgano persecutor actúe con intereses económicos vinculados a sus propias investigaciones.


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José Dantés Díaz advierte sobre posibles abusos

El jurista y miembro del Comité Político del PLD cuestionó que el Ministerio Público pueda convertirse en beneficiario directo de los recursos derivados de actuaciones relacionadas con la persecución de bienes.


"Entregar a un Ministerio Público, caracterizado por abusos y violaciones al Estado de derecho, el 40 % de los recursos obtenidos mediante la extinción de dominio crea un incentivo perverso para perseguir, incautar sin justificación suficiente y atropellar derechos", afirmó.


A su juicio, la decisión del Senado de la República evidencia una intención de convertir al órgano persecutor en beneficiario económico de sus propias actuaciones.


Critica al Congreso Nacional y al PRM

Dantés Díaz también cuestionó el desempeño del Ministerio Público durante los últimos cinco años y mencionó prácticas que, según su valoración, han afectado el Estado de derecho.


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"Después del lawfare, las filtraciones selectivas y la prisión preventiva usada como pena anticipada durante estos últimos cinco años, el Congreso Nacional del PRM pretende convertir al órgano persecutor en beneficiario económico de sus propias actuaciones", expresó.


El dirigente político calificó la modificación a la Ley 60-23 como una decisión que, en lugar de fortalecer la institucionalidad, podría premiar excesos y generar nuevos conflictos.


"Más que una reforma, esto parece un pago por los servicios políticos prestados, que premia los excesos y abre la puerta a nuevas tropelías, incluso contra el propio PRM cuando salga del poder", concluyó.

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