Las clínicas y demás centros de salud privados podrán enfrentar sanciones penales directas con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que extiende la responsabilidad más allá del médico tratante y obliga a las instituciones a demostrar que cuentan con mecanismos efectivos de supervisión, control y prevención.
De acuerdo con el abogado Eric Raful, las personas jurídicas del sector salud responderán cuando se compruebe una omisión grave en sus deberes de vigilancia, especialmente si dentro de sus instalaciones se producen casos de mala práctica médica o procedimientos realizados por personas sin las credenciales requeridas.
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Multas, suspensión de servicios y cierre definitivo
El jurista explicó que el nuevo régimen contempla multas de hasta 1,500 salarios mínimos para las personas jurídicas. Además, los tribunales podrán ordenar la suspensión de determinados servicios, la cancelación de la habilitación e incluso la disolución o el cierre definitivo de la institución en los casos de mayor gravedad.
Raful sostuvo que estas medidas buscan que los centros de salud asuman un papel activo en la prevención de irregularidades y no limiten su responsabilidad a la actuación individual de un profesional.
El cumplimiento normativo será la principal defensa
Uno de los cambios más relevantes del nuevo Código Penal es que las clínicas deberán acreditar programas permanentes de cumplimiento normativo (compliance), auditorías internas, capacitación continua del personal y protocolos de supervisión para reducir riesgos dentro de sus operaciones.
Según el abogado, la mejor defensa de una institución será demostrar que implementó todas las medidas razonables para prevenir conductas que pongan en peligro la vida o la salud de los pacientes.
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Raful afirmó que esta reforma fortalece la protección del derecho a la salud establecido en el artículo 61 de la Constitución y acerca la legislación dominicana a los estándares internacionales sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
También advirtió sobre la existencia de establecimientos que realizan procedimientos médicos sin cumplir las condiciones exigidas por la ley, una práctica que, bajo el nuevo Código Penal, podría derivar en sanciones penales y el cierre permanente de esos centros.