El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian De Peña, fue arrestado este viernes y enfrenta cargos federales por presuntamente obtener más de 1.5 millones de dólares en préstamos de ayuda para pequeñas empresas durante la pandemia y destinar parte del dinero a gastos personales y políticos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que De Peña, de 61 años, enfrenta un cargo de fraude electrónico y uno de lavado de dinero. Está previsto que comparezca ante un tribunal federal en Boston.
$ads={1}
Según los documentos judiciales, los fondos procedían de préstamos Economic Injury Disaster Loans (EIDL) destinados a empresas afectadas económicamente por la COVID-19. Las autoridades sostienen que el dinero fue utilizado para fines que no estaban permitidos por el programa.
Acusación contra Brian De Peña
La acusación sostiene que Brian De Peña transfirió recursos de los préstamos a cuentas personales y utilizó parte de ellos para pagar aproximadamente 85,000 dólares en impuestos personales.
También habría destinado 132,112.96 dólares a su campaña para la Alcaldía de Lawrence mediante cheques emitidos a favor de "The Committee to Elect Brian De Peña".
La investigación señala además que 883,293 dólares provenientes de los préstamos fueron utilizados para cancelar deudas con prestamistas privados que tenían hipotecas de alto interés sobre varias propiedades del alcalde.
Los documentos indican que el EIDL de la empresa Tenares Tire Services Inc., propiedad deDe Peña, llegó a 1,654,400 dólares después de dos modificaciones aprobadas por la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos.
Para el 5 de agosto de 2026, según el Departamento de Justicia, De Peñahabía realizado apenas 16 pagos y el saldo principal pendiente rondaba los 1,654,420 dólares.
$ads={2}
De Peña fue reelegido en 2025
El político, de origen dominicano, llegó a la Alcaldía de Lawrence en noviembre de 2021 y fue reelegido en noviembre de 2025. Antes ocupó un puesto en el Lawrence City Council entre 2016 y 2021.
El FBI y la División de Investigación Criminal del IRS calificaron el caso como un presunto uso indebido de fondos federales destinados a sostener pequeñas empresas durante la pandemia.
Las autoridades recalcaron que los cargos son acusaciones y que De Peña se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable. El fraude electrónico contempla una pena de hasta 20 años de prisión, mientras el cargo de lavado de dinero puede alcanzar hasta 10 años, según las disposiciones aplicables.