El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional deberá decidir si declara extinguida la acción penal contra diez imputados del denominado caso Medusa, luego de que sus defensas alegaran que el proceso ya superó el límite de cuatro años establecido por la legislación procesal penal.
La solicitud fue presentada este lunes y se fundamenta en el artículo 148 de la Ley 76-02, además de criterios del Tribunal Constitucional citados por los abogados para respaldar que debe aplicarse el plazo legal y no un período distinto basado en el denominado "plazo razonable".
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Entre los imputados que reclaman la extinción figuran Altagracia Guillén Calzado, Alfredo Solano Augusto, Javier Fortuna Ibarra, Jonathan Rodríguez Imbert, Miguel José Moya, Rafael Antonio Melgen Sena, Braulio Bautista Barías, Alejandro Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos Acosta y Félix Antonio Rosario Labrada.
Las defensas cuestionan la duración del proceso
Los abogados sostienen que sus representados no han provocado retrasos que justifiquen extender la duración del proceso y afirman que han transcurrido aproximadamente seis años desde el inicio del expediente.
También alegan que, hasta el momento, el Ministerio Público no ha demostrado la comisión de los delitos atribuidos a sus clientes. Este planteamiento corresponde exclusivamente a la posición de las defensas y no constituye una conclusión judicial sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados.
La controversia enfrenta la interpretación de las defensas, que invocan el plazo máximo de cuatro años, con la posición atribuida al Ministerio Público respecto a la aplicación de un "plazo razonable" para la duración del proceso.
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Jean Alain Rodríguez ya había presentado la misma petición
El grupo está acusado de integrar, según el Ministerio Público, un entramado de corrupción que habría estafado al Estado con más de RD$6,000 millones.
En el expediente también figura el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien anteriormente había solicitado la extinción de la acción penal bajo argumentos relacionados con el vencimiento del plazo.
Ahora el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional deberá determinar si acepta o rechaza las solicitudes formuladas por las diez defensas.
