INAFOCAM defiende licitaciones para formación docente

El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) aseguró que los procesos de contratación para programas de formación docente publicados en el Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) responden a las disposiciones de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, que establece un nuevo esquema para las adquisiciones del Estado.


Docentes dominicanos utilizando computadoras portátiles en un taller de formación continua de Inafocam


La institución explicó que la legislación obliga a realizar mediante licitación la contratación de servicios académicos por parte de entidades públicas, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la libre competencia y la igualdad de oportunidades en la selección de proveedores.


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Nueva ley cambia el modelo de contratación

Según el INAFOCAM, las convocatorias permitirán escoger a las instituciones de educación superior que impartirán diplomados, cursos, congresos y seminarios dirigidos a docentes del sistema educativo público, conforme a las necesidades identificadas por el Ministerio de Educación en las 18 regionales y 122 distritos educativos.

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    La directora ejecutiva del INAFOCAM, Siullin Joa León, afirmó que es la primera vez que estos programas de formación se contratan bajo los procedimientos establecidos en la Ley núm. 47-25, lo que, a su juicio, garantiza mayor publicidad, objetividad y transparencia en el uso de los recursos públicos.


    Socializaron los cambios con universidades y la ADP

    La entidad informó que, antes de iniciar las licitaciones, realizó jornadas de socialización con universidades, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), directores regionales, directores distritales del Ministerio de Educación y otros actores del sistema educativo para explicar el nuevo marco legal.


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    El INAFOCAM reiteró que los procesos de contratación forman parte de la estrategia para fortalecer las competencias del magisterio y reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente y la transparencia en la administración de los recursos públicos.

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