El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) suspendió de forma preventiva seis contratos y varias adjudicaciones por un monto conjunto de 401,541,565 pesos, luego de detectar presuntos indicios de prácticas colusorias en una licitación para el suministro de alimentos.
La medida afecta el proceso de Licitación Pública Nacional INAIPI-CCC-LPN-2025-0029, destinado a abastecer y distribuir alimentos en los Centros CAIPI y CAFI de la zona metropolitana.
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Entre las empresas involucradas figuran Panaco, S.R.L.; García Tejera & Asociados, S.R.L.; y Tenedora Gaboc, S.R.L., que habían recibido adjudicaciones por 232,075,217 pesos. También fueron suspendidas las adjudicaciones a Food Truck Dominicana-Vimica, S.R.L.; Viramica, S.R.L.; y Nurks, S.R.L., por otros 169,466,348 pesos.
Inaipi deja en pausa los contratos mientras avanzan las investigaciones
El Comité de Compras y Contrataciones adoptó la suspensión mediante el Acta Administrativa núm. CC-2026-0103, después de una investigación de debida diligencia cuyos hallazgos fueron consignados en el Acto Administrativo Núm. CC-2026-0144.
La decisión busca preservar la transparencia, la legalidad y la integridad del proceso mientras la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) determinan las actuaciones que correspondan.
El Inaipi aclaró que la suspensión es preventiva y temporal. Permanecerá vigente hasta que los organismos competentes concluyan sus actuaciones o el Comité de Compras y Contrataciones adopte otra decisión conforme al marco legal.
Los contratos todavía no habían comenzado a ejecutarse
La institución precisó que ninguno de los contratos suspendidos había iniciado su ejecución cuando fue adoptada la medida.
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Por tanto, no se había solicitado suministro ni recibido bienes o servicios, tampoco se habían presentado facturas o documentos de cobro vinculados con los contratos, que permanecían en una etapa previa a su registro correspondiente.
El Comité ordenó notificar la decisión a las empresas involucradas, a la DGCP, a Pro-Competencia y a las áreas administrativas correspondientes del Inaipi.
También dispuso incorporar el acto administrativo completo al expediente de la licitación para mantener la trazabilidad, transparencia y publicidad de las actuaciones.