La investigación por la presunta estafa millonaria contra el Estado dominicano continuará abierta por cuatro meses adicionales antes de que el Ministerio Público presente su acusación formal contra Santiago Hazim y los otros nueve imputados.
La solicitud fue presentada por Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, y Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero.
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El expediente pasará al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a cargo del juez Deiby Timoteo Peguero. Este deberá notificar a las partes y convocar la audiencia para conocer la petición de extensión del plazo.
Hazim y otros imputados permanecen bajo medidas de coerción
Junto al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa) figuran Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma.
Los primeros cinco cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras Ledesma permanece bajo arresto domiciliario.
También están imputados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen arresto domiciliario. De acuerdo con el Ministerio Público, los tres admitieron ante el tribunal haber efectuado pagos de sobornos a Hazim y otros funcionarios de Senasa.
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Investigación supera los RD$19,000 millones
El Ministerio Público atribuye al grupo su participación en una estructura que habría defraudado al Estado dominicano por más de RD$15,000 millones. Investigaciones posteriores han situado el presunto perjuicio por encima de los RD$19,000 millones.
Los hechos investigados abarcarían el período comprendido entre 2020 y 2025 y estarían relacionados con recursos del sistema público de salud.
A los imputados se les atribuyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos y falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público sostiene que todavía investiga a otras personas físicas y jurídicas. La prórroga solicitada busca completar esas diligencias antes de depositar formalmente la acusación ante el tribunal.