El plan de Omar Fernández para frenar el tráfico ilegal en la frontera

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, planteó desmontar las mafias dedicadas al tráfico ilegal de haitianos, endurecer las consecuencias para funcionarios involucrados y establecer un centro de detención en la frontera.


Omar Fernández en traje de vestir hablando durante una intervención pública sobre el plan de frontera


El dirigente de la Fuerza del Pueblo explicó que esta instalación permitiría verificar la identidad de las personas que serán deportadas y procurar que permanezcan en su país de origen.


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Durante una entrevista en Gurú Media, Fernández sostuvo que la migración irregular haitiana constituye un problema histórico que precede incluso a la fundación de la República en 1844.


Omar Fernández propone sanciones para funcionarios involucrados

Fernández planteó que los funcionarios públicos que utilicen sus cargos para facilitar el ingreso ilegal de nacionales haitianos enfrenten penas de prisión y, posteriormente, restricciones para ocupar funciones públicas.


Explicó que inicialmente propuso una sanción más severa, pero ante la falta de respaldo legislativo la propuesta terminó estableciendo que, después de cumplir la prisión, el funcionario no pueda ejercer un cargo público durante 20 años.


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El senador consideró que permitir la participación de autoridades en estas redes representa un delito de alta traición a la patria y defendió la necesidad de reducir cualquier incentivo para involucrarse en estas prácticas.


El legislador pide desmontar las redes de tráfico

El legislador señaló como primera prioridad desarticular las estructuras locales dedicadas al tráfico ilegal, en las que, según expuso, pueden participar funcionarios públicos, personas que ingresan de manera irregular y autoridades uniformadas.


Fernández comparó estas redes con los sistemas de microtráfico y narcotráfico, al considerar que se trata de actividades ilícitas cuyo funcionamiento es conocido en distintos sectores de la sociedad.


También cuestionó que hasta siete personas detenidas por tráfico ilegal de haitianos no hayan recibido condenas, situación que, a su juicio, refleja la necesidad de fortalecer el régimen de consecuencias.

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