Los retrasos en la presentación de las declaraciones juradas de patrimonio por parte de funcionarios del Gobierno central y de los gobiernos municipales deben tener consecuencias legales, según planteó la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien respaldó que la Procuraduría General de la República actúe contra quienes incumplen esa obligación.
La funcionaria sostuvo que no basta con hacer públicos los informes de incumplimiento elaborados por la Cámara de Cuentas, sino que corresponde aplicar las sanciones previstas en la legislación para garantizar el cumplimiento de la norma.
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Ortiz Bosch reclama aplicación de la ley
Las declaraciones de la directora general de Ética e Integridad Gubernamental se producen luego de que el más reciente informe de la Cámara de Cuentas evidenciara que persisten los retrasos en la entrega de las declaraciones juradas por parte de funcionarios del Gobierno central y de la municipalidad.
Ortiz Bosch expresó que la Procuraduría General de la República debe asumir el procesamiento de los funcionarios incumplidores, en lugar de limitarse a la difusión de los resultados del informe.
Juramentan nuevas comisiones de integridad
La funcionaria ofreció estas declaraciones al finalizar el acto de juramentación de más de 100 nuevas comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo, así como de oficiales de integridad.
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La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de transparencia y promover el cumplimiento de las normas de ética en las instituciones públicas.