El juicio de fondo del caso Calamar no avanzará este lunes: el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó la audiencia hasta el próximo 30 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, tras el fallecimiento del padre de uno de los imputados.
La suspensión interrumpe el inicio de la fase en la que el Ministerio Público tenía previsto presentar sus pruebas testimoniales contra los acusados, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el abogado y político Ángel Lockward.
El proceso atribuye a los imputados un presunto entramado que habría ocasionado un perjuicio superior a 19,000 millones de pesos al Estado dominicano, mediante operaciones relacionadas, entre otros hechos, con el pago irregular de expropiaciones.
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El juicio entra en la fase de pruebas
La nueva fecha permitirá al tribunal retomar la presentación de los testimonios del órgano acusador, después de que los fiscales concluyeran la lectura de una acusación de 3,373 páginas.
Las pruebas serán conocidas ante las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Aylin Ventura, dentro del juicio de fondo seguido contra los imputados.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) había señalado que las evidencias reunidas durante la investigación buscan sustentar las presuntas metodologías empleadas para ejecutar los hechos atribuidos.
Quiénes enfrentan acusaciones en el caso
Además de Guerrero y Lockward, el expediente incluye al excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el director de Catastro Claudio Silver Peña y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa, entre otros imputados.
Según la acusación del Ministerio Público, el grupo habría manejado irregularmente recursos públicos mediante pagos vinculados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
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El órgano acusador también atribuye al grupo presuntos sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020 y la sustracción de recursos que debían utilizarse para saldar deudas de distintas instituciones públicas.
Entre los delitos imputados figuran asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.
Los imputados fueron arrestados por el Ministerio Público el 18 de marzo de 2023 y posteriormente enviados a juicio de fondo.
Con el aplazamiento, el tribunal volverá a conocer el caso el 30 de septiembre, fecha en la que está previsto continuar con el juicio y avanzar en la presentación de las pruebas testimoniales.