La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte del municipio de Mao acusó a sectores del Gobierno de intentar debilitar la institucionalidad de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) mediante presuntas acciones dirigidas a controlar su estructura sindical.
La corriente magisterial sostuvo que estas maniobras buscarían neutralizar al sindicato y limitar su capacidad de reclamar soluciones a los problemas que afectan a la escuela pública.
En un pronunciamiento, los representantes de la Juan Pablo Duarte acusaron al Estado de haber "asaltado" la ADP local mediante la supuesta compra del presidente municipal, Ángel Valdez González, y de otros dirigentes.
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Las acusaciones fueron formuladas por la organización sindical, que cuestionó el comportamiento de esos dirigentes y los señaló de anteponer intereses particulares a las demandas del magisterio.
Magisteriales denuncian subordinación política
La corriente afirmó que la situación representa una amenaza para la independencia de la ADP y advirtió sobre el riesgo de convertir la organización sindical en un espacio subordinado a intereses políticos o individuales.
Los duartistas compararon esta práctica con el transfuguismo político y acusaron a sectores vinculados al poder de trasladar esas dinámicas al ámbito sindical.
"Calificamos de corrupción en Educación el uso de los recursos y los cargos públicos para comprar dirigentes de la ADP", expresó la organización.
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La denuncia también cuestiona el supuesto uso de recursos y posiciones dentro del sistema educativo para conseguir respaldo de dirigentes sindicales, una acusación que coloca nuevamente bajo debate la relación entre las autoridades educativas y la dirección de la ADP en Mao.
Corriente exige preservar independencia de la ADP
La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte sostuvo que el debilitamiento de la organización sindical terminaría afectando la capacidad de los profesores para defender sus reivindicaciones.
Según su posición, mantener una ADP independiente resulta necesario para fiscalizar las políticas públicas educativas y reclamar respuestas ante las dificultades de la escuela pública.
La organización calificó como una "compraventa vulgar" las prácticas que atribuye a sectores oficiales y afirmó que estas buscan incorporar dirigentes sindicales a una dinámica de beneficios particulares.