Las medidas que buscan preservar bienes para una eventual reparación a las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set seguirán vigentes, con un tope de RD$500 millones.
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó el recurso presentado por los hermanos Antonio y Maribel Espaillat y confirmó el embargo conservatorio, el embargo retentivo y la hipoteca judicial provisional autorizados por el tribunal de instrucción.
El proceso está relacionado con una tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 80 heridas tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set.
La Corte fija el alcance del embargo a los hermanos Espaillat
Los jueces aclararon que las medidas de coerción real tienen naturaleza cautelar, instrumental y provisional. Su propósito es preservar patrimonio para garantizar una posible reparación, no anticipar una condena civil.
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La decisión también precisa que las actuaciones de ejecución no pueden superar los RD$500 millones establecidos por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía.
La Corte descartó que la cantidad de víctimas implique automáticamente una multiplicación del monto embargado. Según el tribunal, la existencia de múltiples afectados no elimina el mecanismo cautelar previsto por la legislación.
Además, recordó que el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil permite corregir eventuales excesos mediante reducción, limitación o cancelación del embargo cuando existan motivos serios y legítimos.
Los argumentos de los recurrentes
Los hermanos Espaillat, junto con Ana Grecia López y Evelyn Espaillat y varias sociedades comerciales, impugnaron el ordinal séptimo de la resolución núm. 057-2026-SACO-00101, emitida el 15 de junio de 2026.
Los recurrentes sostuvieron que las víctimas podrían ejecutar embargos individuales e independientes y, en consecuencia, provocar una afectación patrimonial superior a los RD$500 millones.
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Por ello pidieron sustituir las medidas conservatorias por una fianza de igual valor emitida por una compañía aseguradora y establecer individualmente a los beneficiarios.
La Corte concluyó que no se acreditó que las medidas hubieran perdido su finalidad cautelar ni que ya existiera una afectación patrimonial superior al límite fijado. En consecuencia, mantuvo las garantías sobre los bienes.
La decisión fue adoptada en cámara de consejo por la Primera Sala Penal, presidida por la magistrada Doris Josefina Pujols Ortiz e integrada por Daisy Indhira Montás Pimentel. El magistrado Rafael Báez García participó en la deliberación, pero no firmó porque estaba de vacaciones.
El caso continúa tras el auto de apertura a juicio contra Antonio y Maribel Espaillat por la presunta violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal, en el proceso derivado del colapso del techo de Jet Set.