La presencia militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico volvió a ocupar el centro de las tensiones regionales, después de que el canciller cubano Bruno Rodríguez acusara a Washington de utilizar la lucha contra el narcotráfico como argumento para ampliar su influencia en América Latina y el Caribe.
Rodríguez hizo el señalamiento durante una reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde sostuvo que la región enfrenta una ofensiva estadounidense que, según su interpretación, busca recuperar la influencia asociada a la Doctrina Monroe.
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El canciller cubano afirmó que la militarización se presenta bajo el argumento de combatir el narcotráfico y también cuestionó los aranceles aplicados a países de la región y las iniciativas que, según dijo, buscan dividir a los gobiernos latinoamericanos y debilitar los mecanismos de integración.
Cuba denuncia mayor presión de Washington
Rodríguez extendió sus críticas a la política de Estados Unidos hacia Cuba. Denunció un reforzamiento del bloqueo, con especial énfasis en el cerco energético y las sanciones secundarias, además de lo que calificó como una ofensiva mediática y una amenaza de agresión militar.
Las declaraciones se producen en un momento de creciente tensión entre Washington y La Habana. Estados Unidos impuso el pasado 17 de septiembre nuevas sanciones contra 11 entidades cubanas vinculadas, entre otros sectores, con el níquel y empresas militares.
Operativos antidrogas elevan la tensión regional
La Administración del presidente estadounidense Donald Trump mantiene desde septiembre de 2025 una campaña militar contra el narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico.
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De acuerdo con el balance recogido por EFE, las fuerzas estadounidenses han atacado casi 70 embarcaciones que Washington vincula presuntamente con el tráfico de drogas y han causado la muerte de más de 220 personas, señaladas por Estados Unidos como «narcoterroristas».
La legalidad de estas operaciones ha sido cuestionada por expertos de la ONU y organizaciones de derechos humanos, que las han descrito como posibles ejecuciones extrajudiciales y como actuaciones incompatibles con el derecho internacional.
El escenario mantiene abierta la disputa entre Washington y La Habana, mientras Cuba denuncia un incremento de la presión estadounidense y Estados Unidos sostiene su política de sanciones y operaciones contra el narcotráfico.