El sistema penal de la República Dominicana podría alcanzar un punto "insostenible" ante el aumento de la prisión preventiva, el hacinamiento extremo en las cárceles y la cantidad de casos que llegan a los tribunales sin que necesariamente deban terminar en juicio.
La advertencia fue formulada por el director general de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, quien reclamó medidas urgentes para contener la sobrecarga del sistema y hacer más eficiente la respuesta judicial.
El funcionario señaló que la prisión preventiva ha aumentado un 65.3 %, mientras algunos centros penitenciarios presentan niveles de hacinamiento de 500 %, 700 %, 800 % y hasta 900 %.
Nuevo Código Penal aumenta preocupación por las cárceles
Valentín Santos consideró que el problema adquiere mayor dimensión con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, que incorpora más de 70 nuevos tipos penales.
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Ante ese escenario, cuestionó la capacidad del sistema penitenciario para recibir a las personas que sean perseguidas e imputadas por esos delitos cuando las cárceles ya enfrentan una sobrepoblación extrema.
"¿Dónde vamos a poner a esas personas que están persiguiendo, que van a ser imputadas, perseguidas, encarceladas?", cuestionó.
El director de la Defensa Pública destacó además los esfuerzos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, para unificar criterios entre los tribunales y promover mecanismos que eviten la judicialización innecesaria, especialmente en materia penal.
Valentín Santos defendió la continuidad del proyecto de optimización del proceso penal impulsado por el Poder Judicial, al considerar que no todos los expedientes deben llegar necesariamente a juicio.
Defensa Pública reclama uso adecuado de la prisión preventiva
"No todo debe ir a juicio", afirmó el funcionario, quien indicó que durante más de cuatro años se han registrado entre 4,000 y 5,000 casos resueltos anualmente mediante autos de no ha lugar y absoluciones.
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A su juicio, estas cifras muestran que una parte importante de los procesos judicializados termina sin condena, pero antes genera presión sobre la Defensa Pública, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
También advirtió que esa dinámica puede afectar a personas sometidas a procesos penales cuando no existen pruebas suficientes o no se ha demostrado que hayan cometido los hechos imputados.
El director de la Defensa Pública planteó que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, independientemente de que pertenezca o no a la carrera judicial, debería mantener el proyecto de optimización y fortalecer la orientación de los jueces sobre el uso de las medidas de coerción.
"Los fiscales piden, pero los jueces son los que imponen resoluciones, sentencias y prisión preventiva", sostuvo.
Valentín Santos insistió en que el país necesita adoptar medidas urgentes para impedir que la saturación del sistema penal alcance un nivel imposible de sostener, especialmente ante las nuevas exigencias derivadas de la implementación del Código Penal.