La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) abrió investigaciones sobre determinadas adjudicaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para el servicio de alimentación escolar y revisará otros 43 contratos suspendidos por alegados incumplimientos.
Los procesos bajo revisión abarcan 34 licitaciones públicas nacionales, desde Inabie-CCC-LPN-2025-0051 hasta Inabie-CCC-LPN-2025-0084. En conjunto, recibieron 2,656 ofertas y terminaron con la adjudicación a 1,656 proveedores.
La DGCP aclaró que la existencia de recursos o reclamos no significa, por sí misma, que se haya cometido una irregularidad ni que existan responsabilidades. Cada expediente será evaluado individualmente.
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La investigación incluye posibles vínculos entre empresas
Entre julio y agosto, el órgano regulador recibió 83 recursos jerárquicos, 13 solicitudes de medidas cautelares y una solicitud de investigación, expedientes que permanecen en trámite.
Como parte del análisis, la DGCP trabaja junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República para identificar a los beneficiarios finales relacionados con determinadas adjudicaciones.
El objetivo también incluye verificar posibles incompatibilidades, vínculos entre empresas y otras situaciones contempladas por la normativa de contrataciones públicas.
Los 43 contratos suspendidos también serán revisados
La DGCP examinará las circunstancias en las que fueron ejecutados los 43 contratos suspendidos por el Inabie para determinar si existen elementos que puedan constituir infracciones a las normas de contratación pública.
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Si el análisis encuentra posibles faltas, el órgano regulador podría iniciar procedimientos administrativos sancionadores.
La institución recomendó además al Inabie reforzar la supervisión de las cocinas contratadas mediante verificaciones periódicas y aleatorias de su capacidad instalada y de las condiciones en que funcionan.
La DGCP recordó que las condiciones que sustentaron una adjudicación deben mantenerse durante toda la vigencia del contrato. Por ello, señaló que el control debe continuar durante la ejecución y no limitarse al proceso de licitación.
Las investigaciones siguen abiertas y la DGCP aún no ha establecido responsabilidades definitivas sobre las adjudicaciones cuestionadas. Los recursos y reclamos serán respondidos después de completar el análisis técnico y jurídico de cada expediente.