La contratación para recoger los residuos sólidos en San Cristóbal quedó paralizada después de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) detectara incumplimientos legales y condiciones que, según su expediente de monitoreo, podían beneficiar a determinados participantes.
La intervención recayó sobre la licitación ASC-CCC-LPN-2026-0003, adjudicada por el Ayuntamiento de San Cristóbal por un monto de 240 millones de pesos. La DGCP suspendió el procedimiento de oficio mediante una medida cautelar.
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El organismo rector sustentó su decisión en el expediente MONITOREO-34-2026, donde señala que el cabildo no realizó los estudios previos requeridos y diseñó un pliego con requisitos considerados restrictivos.
Requisitos que limitaron la competencia
Entre las condiciones cuestionadas aparece la obligación de demostrar simultáneamente infraestructura operativa previa y cartas compromiso. También se exigió experiencia en sectores de alta densidad junto con un domicilio local bajo criterios estrictos.
La DGCP además identificó inconsistencias en la manera en que el proceso diferenciaba el domicilio legal de los centros de operaciones, un elemento que incidió en la evaluación de las condiciones establecidas para los oferentes.
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El análisis de las propuestas también puso bajo la lupa a Producciones D&P San Cristóbal. La empresa presentó contratos de arrendamiento suscritos por Alicia Aurora Uribe Domínguez y Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa.
Este último integró la administración de la compañía hasta 2023 y, de acuerdo con el expediente, tiene un vínculo familiar directo con el alcalde municipal, Nelson de la Rosa Rodríguez.
La DGCP paraliza la contratación
La medida cautelar fue ejecutada mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, con lo que quedó detenido el proceso de contratación del servicio de recolección de residuos sólidos.
La DGCP comunicó formalmente al Ayuntamiento de San Cristóbal la paralización y fundamentó la actuación en la Ley 47-25.