El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, pidió una investigación sobre las condiciones en que permanecen las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios de República Dominicana, con el objetivo de establecer si sus derechos fundamentales están siendo respetados.
El legislador planteó que las autoridades competentes realicen una evaluación objetiva y exhaustiva de los centros de reclusión ante denuncias y situaciones que, según señaló, podrían comprometer la dignidad y las garantías de los internos.
Romero cita sanciones previstas en el Código Penal
Romero recordó que el artículo 120 del nuevo Código Penal establece penas de veinte a treinta años de prisión mayor y multa de treinta a cuarenta salarios mínimos del sector público para la persona depositaria de la autoridad o encargada de un servicio público que cometa tortura o actos de barbarie.
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El senador sostuvo que la privación de libertad debe ejecutarse dentro del marco legal y bajo condiciones que preserven la dignidad humana.
Pide reforzar la supervisión penitenciaria
El representante de la provincia Duarte llamó a las autoridades responsables del sistema penitenciario a fortalecer los mecanismos de supervisión y control de los centros.
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Romero planteó que el sistema de privación de libertad debe operar bajo los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y dignidad de las personas.