Los trabajadores cesantes y pensionados de Falcondo podrán avanzar hacia la liquidación de derechos laborales reconocidos, luego de que el Gobierno habilitara al presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) para gestionar estos pagos.
La medida está contenida en el Decreto 671-26, que permite utilizar recursos del FONPER para cubrir total o parcialmente las prestaciones laborales, siempre que estas hayan sido individualizadas, verificadas y reconocidas.
El mecanismo también contempla acuerdos con los pensionados de la empresa y faculta al presidente del FONPER a formalizar los documentos necesarios para ejecutar las operaciones.
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Entre ellos figuran comprobantes de pago, recibos de descargo y actos de subrogación, además de otros instrumentos requeridos para completar la transferencia de los derechos correspondientes.
El Estado podrá recuperar las acreencias pagadas
El decreto establece que cada trabajador o pensionado beneficiario podrá otorgar una subrogación expresa y simultánea sobre los derechos, acciones, accesorios y privilegios legalmente transmisibles vinculados con las acreencias satisfechas.
La transferencia se limitará a las cantidades que efectivamente sean pagadas. Con ello, el Estado dominicano podrá asumir la posición de acreedor respecto de esos derechos.
El presidente del FONPER queda autorizado para representar al Estado dominicano como acreedor subrogado y gestionar el reconocimiento, la incorporación y la recuperación de esas acreencias dentro del proceso de reestructuración de Falcondo o, de ser necesario, en una eventual liquidación judicial.
El decreto fija límites para los pagos
La disposición aclara que la autorización no significa que los beneficiarios puedan exigir directamente al Estado dominicano o al FONPER el pago de sus prestaciones.
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Los desembolsos deberán ejecutarse bajo las condiciones previstas en el decreto y sujetos a las disponibilidades correspondientes.
Los recursos saldrán del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), que realizará los pagos por cuenta y en representación del Estado dominicano.