El querellante Surún Hernández sostiene que la investigación por las presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) debe alcanzar a más personas vinculadas, según su versión, con contratos y operaciones que representarían casi RD$5,000 millones.
El expresidente del Colegio de Abogados cuestionó al Ministerio Público por, según afirmó, no haber sometido a varios señalados por su participación en la firma o gestión de contratos relacionados con el caso.
Hernández mencionó a Alfredo Oscar, a quien atribuyó la firma de un contrato de Farmacard por RD$1,200 millones, además de Pablo Ortiz Giráldez y Lowell Fernández, y preguntó públicamente si forman parte del proceso judicial.
Cuestionamientos a la investigación
"Entre su objetividad, sometiendo a los candidatos que recibieron el dinero de Senasa, a los empresarios que firmaron el contrato de Farmacard, Alfredo Oscar firmó el contrato de Farmacard de 1.200 millones de pesos. ¿Lo han sometido?", cuestionó.
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También preguntó por Ortiz Giráldez, a quien atribuyó haber gestionado el proceso, y por Fernández, a quien identificó como representante de Deleste.
El abogado sostuvo que las pesquisas deben abarcar a quienes, de acuerdo con su versión, recibieron fondos o participaron en la firma y gestión de contratos relacionados con las presuntas irregularidades.
Hernández cuestionó además que el expediente pueda cerrarse sobre montos menores a los que, según afirma, estarían comprometidos.
El caso Senasa entra en una nueva fase
Las declaraciones se producen mientras el Ministerio Público desarrolla nuevas líneas de investigación sobre el manejo de fondos públicos, contratación de prestadores y facturación de servicios en Senasa.
En junio de 2026, el director general de Persecución, Wilson Camacho, afirmó que la institución había sido afectada por al menos tres presuntas estructuras de corrupción.
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Una de las investigaciones involucra al exdirector de Senasa Santiago Hazim, además de empresarios y otras personas señaladas por el órgano acusador. Las pesquisas incluyen operaciones relacionadas con Khersum, Farmacard y Deleste, así como supuestos pagos de sobornos.
El 18 de septiembre de 2026, el Ministerio Público activó la fase denominada Senasa 2.0, con 37 allanamientos en distintas localidades. Luego solicitó medidas de coerción contra 25 personas, entre ellas médicos, prestadores de servicios de salud, empleados de Senasa y personas vinculadas al sector farmacéutico.
Hernández, sin embargo, sostiene que la investigación todavía debe alcanzar a otros actores que, según su denuncia, tendrían responsabilidad en las operaciones bajo cuestionamiento. Sus señalamientos corresponden a su posición como querellante y no constituyen por sí mismos una determinación judicial de responsabilidad.